¿Consentiríamos que Ikea nos suministrara gratuitamente mobiliario escolar bajo la condición de poder poner cámaras y micrófonos en las aulas? ¿Consentiríamos que Coca-Cola o Telepizza ―lo sé, es un mal ejemplo, lo que lo hace aún más relevante― hicieran lo mismo en nuestros comedores escolares? Es más, ¿consentiríamos que las administraciones educativas no facilitaran los espacios físicos necesarios para la escuela pública y tuvieran que ser los equipos directivos o, incluso, los y las docentes las que tuvieran que buscar esos espacios? ¿Optaríamos por hacer uso de locales propiedad de fondos buitre a cambio de convertir nuestra privacidad y nuestras vidas en mercancía?
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